La protección de la niñez no es solo un imperativo moral: es un mandato constitucional. El artículo 44 de la Constitución Política de 1991 proclama que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y enumera, entre otros, el derecho a la vida, la salud, la familia, la educación y la participación —un principio reforzado por la ratificación, ese mismo año, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y desarrollado en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Dos reformas posteriores sobresalen: la Ley 1878 de 2018, que agilizó los procesos de adopción, y la recién aprobada Ley 2447 de 2025, que crea el programa “Proyectos de Vida Digna” para fortalecer la política pública de infancia —un recordatorio de que el andamiaje jurídico evoluciona para responder a nuevas realidades.
Conceptos rectores
El marco normativo colombiano se apoya en cuatro pilares clave: interés superior, que obliga a anteponer siempre el bienestar del menor; protección integral, que articula acciones de salud, educación, justicia y bienestar familiar; corresponsabilidad, que distribuye deberes entre Estado, sociedad y familia; y participación, que reconoce a los niños como sujetos de derechos y no meros beneficiarios. El Código introduce además la categoría de responsabilidad parental —más amplia que la patria potestad— y fija rutas para restablecer derechos vulnerados. Estos conceptos son la brújula para evaluar el avance real, más allá del texto legal.
Avances recientes
En 2024, más de 314 000 niñas y niños recibieron atención directa gracias a los programas de UNICEF Colombia, que también formaron a 147.000 adultos de su entorno para prevenir violencias y promover entornos protectores. En el frente legislativo, en marzo de 2025 la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, un nuevo órgano de vigilancia y control que promete mayor coordinación interinstitucional. El ICBF, por su parte, reportó para septiembre de 2024 más de 200.000 medidas de restablecimiento de derechos, con una reducción interanual de casos de negligencia y violencia sexual, señal de que la detección temprana y la denuncia mejoran poco a poco.
La realidad que duele
Aun así, los desafíos son enormes. El boletín de protección del ICBF mostraba en 2024 19.849 casos de omisión o negligencia y 18.611 de violencia sexual; casi la mitad de las víctimas eran niñas entre 10 y 14 años. La Defensoría del Pueblo advirtió en su informe 2020-2024 sobre la persistencia del reclutamiento forzado, la explotación sexual y el confinamiento de comunidades infantiles en zonas de conflicto armado. En materia socioeconómica, el DANE situó la pobreza multidimensional de 2024 en 11,5 %, pero la incidencia es mayor en hogares con menores de edad y duplica esa cifra en áreas rurales. Colombia, de hecho, ostenta la tasa de pobreza infantil más alta de la OCDE, con un 35 % de niñas y niños privados de al menos un derecho básico. Esa precariedad se traduce en desnutrición crónica, brecha digital, trabajo infantil y riesgo de violencia intrafamiliar.
La violencia sigue siendo una “pandemia silenciosa”. En noviembre de 2024, la primera Conferencia Ministerial sobre Violencia contra la Niñez señaló que más de la mitad de los menores colombianos han experimentado alguna forma de agresión física o psicológica, pese a 35 años de vigencia de la CDN. El lento avance en justicia especializada, las demoras en restablecer lazos familiares y la falta de cobertura en salud mental exacerban el daño.
Lo que falta por hacer
- Financiamiento estable y seguimiento transparente. Gran parte de la política pública depende de recursos de cooperación o adiciones presupuestales, lo que provoca discontinuidad. Se requiere un fondo nacional permanente que garantice la implementación territorial de la Ley 2447/2025.
- Fortalecer los Sistemas de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). La sobrepoblación en centros de atención y la escasez de programas de reintegración son una deuda histórica.
- Protección digital. El Código de 2006 nació antes de la masificación de las redes sociales. Hoy urge una legislación específica sobre grooming, explotación sexual en línea y ciberacoso, así como programas de alfabetización digital para familias.
- Enfoque diferencial. Niñez indígena, afrodescendiente, migrante y con discapacidad enfrenta barreras adicionales. Los planes locales deben recoger su cosmovisión y contextos particulares.
Hacia una agenda 2030 para la niñez
El proyecto de “Comisión Legal” en el Congreso, la Ley 2447 y la meta gubernamental de reducir la pobreza infantil al 20 % en 2030 dibujan un horizonte de oportunidad. Para materializarlo, proponemos:
- Presupuestos participativos para la infancia en municipios, con veeduría ciudadana, priorizando salud mental y nutrición.
- Alianzas público-privadas que movilicen tecnología para rastrear rutas escolares seguras, historia clínica digital y alertas tempranas de violencia.
- Escuelas protectoras 360°, integrando currículos de crianza positiva, educación sexual integral y resolución pacífica de conflictos.
- Economía del cuidado redistribuida, que reconozca y remunere el trabajo de madres sustitutas y cuidadores comunitarios.
- Clima y niñez, sumando la voz de los menores en planes de adaptación al cambio climático, dado su impacto en salud y desplazamiento.
Llamado a la acción
Desde la Fundación Amparo de Niños Juan XXIII —que cada año acoge a centenares de niñas y niños víctimas de violencia, abandono o extrema pobreza— sabemos que la transformación se construye con gestos cotidianos y compromisos colectivos. Por eso invitamos a:
- Ciudadanía y familias: practicar la crianza respetuosa, denunciar cualquier vulneración y participar en los consejos municipales de política social.
- Empresas: destinar parte de su inversión social a programas de prevención de violencia y primera infancia; todo aporte es deducible de impuestos bajo la Ley 1819/2016.
- Medios y creadores de contenido: visibilizar historias de resiliencia infantil y difundir líneas de atención (línea 141 del ICBF, línea 122 de la Fiscalía).
- Universidades y centros de investigación: generar evidencia sobre prácticas exitosas y monitorear la implementación de la nueva ley.
- Gobiernos locales: priorizar la construcción de centros de desarrollo infantil y brindar apoyo psicosocial a familias en crisis.
Los niños, niñas y adolescentes son el presente y el futuro de Colombia. Aunque existen leyes sólidas y algunos avances, la violencia, la pobreza y la exclusión siguen siendo muy altas. Para que las normas se cumplan, no basta con preocuparnos: debemos actuar, invertir y asumir responsabilidad juntos. Unamos nuestras voces y esfuerzos para que cada niño crezca protegido, querido y consciente de sus derechos. El momento es ahora y la tarea es de todos.
